Acampada de inmigrantes en Cáceres

Queremos hacernos eco de esta iniciativa, aunque no esté relacionada con nuestro conflicto:

Algunos Jornaleros, inmigrantes, de la comarca de Campo Arañuelo (Cáceres) , hartos de la situación en la que están viviendo, organizaron como medida de presión una CONCENTRACIÓN Y ACAMPADA delante de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, el 4 de mayo, a partir de las 12 horas.
La CNT de Extremadura apoya sus reivindicaciones laborales, sociales y contra la nueva ley de extranjería.

Unos 150 jornaleros se han traslado en autobús desde Navalmoral de la Mata, a 120 km de Cáceres, para concentrarse ante la Subdelegación del Gobierno. A las 11h. han presentado sus reivindicaciones y movilizaciones en rueda de prensa, a la que han acudido todos los medios locales y regionales, así como EFE y Al-Jazzeera. En esta rueda de prensa han actuado como interlocutores el Secretario de Acción Sindical y Social de la regional extremeña y el Secretario de Organización del SOV de Cáceres.

Desde las 12h. han estado concentrados ante la Subdelegación del Gobierno y se ha entregado la tabla reivindicativa al Subdelegado. Pero a las 15h. la policía nacional ha amenazado con utilizar la violencia y realizar detenciones. Se ha
decidido no correr riesgos y posponer la acampada.
Se ha conseguido el compromiso del Subdelegado para una reunión en la que estarán presentes las organizaciones que les apoyan, de carácter humanitario y con CNT como único sindicato. Pero sobre todo se ha conseguido visivilizar sus problemas y las condiciones de su existencia entre nosotros, ignorados por el resto de la población y de la clase obrera.

Tabla reivindicativa:
SITUACIÓN Y TABLA REIVINDICATIVA DE LOS/AS TRABAJADORES/AS INMIGRANTES DEL CAMPO
ARAÑUELO
Los/as trabajadores/as inmigrantes del Campo Arañuelo queremos denunciar la difícil situación que atravesamos:
La Ley de Extranjería, que divide a los/as ciudadanos/as en categorías, y el Reglamento recientemente aprobado que la desarrolla, establecen unos requisitos imposibles de cumplir para muchos de nosotros/as.
Nos preocupa la situación de las familias que cuenten con miembros reagrupados, cuya tarjeta no sea permanente, ya que renovar sus permisos es aún más difícil que antes de que se aprobara dicho reglamento.
Cada trabajador/a reagrupante deberá contar con al menos una nómina por mes, doce nóminas al año, de una cuantía de al menos el 150% del IPREM, lo que supone unos 800 € mensuales para quienes vivan en Extremadura. Antes de la aprobación del Reglamento se exigía el Salario Mínimo Interprofesional (633 €) para poder renovar el permiso de residencia y trabajo, lo que ya estaba
provocando que muchas familias cayeran en situación de “ilegalidad sobrevenida”, ya que se le concede la renovación al/la cabeza de familia, pero no a los miembros reagrupados/as que quedan sin permiso de residencia y trabajo, lo que les impide poder viajar a sus países de origen y les obliga a vivir con miedo y sin acceso a muchos de los recursos que les son imprescindibles, por ejemplo:
acceso a un puesto de trabajo, ayudas sociales, formación no reglada, etc...
Al exigir una cuantía aún mayor las irregularidades sobrevenidas se multiplicarán, es imposible que jornaleros/as agrícolas, en tiempos de crisis económica y de crisis del campo, consigamos ganar estas cantidades, no ganábamos el SMI, y muchos menos los 800€ que se nos exigen. ¡Qué más
quisiéramos!
¿Por qué se establecen unos requisitos tan absurdos?
No vamos a esperar a que nuestras familias se queden sin derechos, ni vamos a separarnos de ellos/as.
RECLAMAMOS:
-
Que se derogue esta parte del Reglamento, por no corresponder a la realidad
económica y laboral que atraviesa este país.
Muchos/as de nosotros/as, a pesar de llevar más de diez años en España, aún no hemos conseguido la nacionalidad española:
En algunos casos, los/as solicitantes llevan varios años esperando sin respuesta. La única noticia es que el expediente de solicitud está “en trámite”.
En otros, las solicitudes han sido denegadas. Por falta de dominio del castellano o por no saber responder a preguntas cada vez más difíciles o más irrelevantes, pondremos un ejemplo de una entrevista real: “¿Conoce usted a Belén Esteban?”
Vivimos, trabajamos, pagamos aquí impuestos y educamos aquí a nuestros hijos/as. Puede que no veamos tele 5 o que no conozcamos suficientemente un idioma que hemos tenido que aprender solos, ¿somos por eso menos ciudadanos/as? ¿Qué es lo que te da derecho a vivir en esta tierra?
Se exigen medios de vida, es decir presentar nóminas y contrato de trabajo en vigor, incluso en el caso de extranjeros/as casados con españoles/as.
Parece que la Administración no se canse de poner requisitos, intentando estrechar el “embudo”, que deja fuera siempre a los/as mismos/as.
Por ser inmigrantes hemos sufrido en diversos ayuntamientos que se nos exigieran requisitos diferentes, por ejemplo presentar el contrato de la vivienda para pedir un certificado de empadronamiento. O que se nos exija presentar el pasaporte en el INEM si estamos cobrando el paro.
Muchos/as de los/as residentes en esta zona ocupamos infraviviendas, cuyos precios rondan entre los 180€ y los 250 €. Casas construidas hace más de 20 años, que apenas han sido reformadas siguen siendo alquiladas. Tienen humedades, goteras, cocinas, techos y cuartos de baño en mal
estado. El propietario se aprovecha de lo caros que son los alquileres, más de 300€ por las viviendas “dignas”, y si les exigimos que las arreglen se niegan a meterse en obras, nos dicen que lo quieren es venderlas. Necesitan reformas tan profundas que es imposible arreglarlas y seguir alquilándolas mientras.
RECLAMAMOS:
Que se construyan más viviendas sociales. Hace más de 7 años que no se construyen viviendas sociales en Navalmoral, sólo Viviendas de Protección Oficial, cuyos altos precios, 60.000 €, dejan fuera a la mayoría de las familias.
También queremos denunciar nuestra situación laboral:
El desempleo y la precarización del mercado de trabajo, nos golpea con mayor contundencia ya que los sectores más afectados son la construcción y la agricultura para la población masculina y el de servicios de proximidad y la agricultura para la población femenina, sectores que tradicionalmente los/as trabajadores/as españoles rechazaban ocupar y albergaban la mano de obra inmigrante. Ante la vuelta a estos trabajos de la población autóctona, los/as trabajadores/as inmigrantes somos rechazados/as, pues los/as empresarios/as prefieren emplear a españoles/as.
También esta situación de exceso de mano de obra permite a muchos empresarios sin escrúpulos empeorar las condiciones de trabajo, ya que saben que aún no siendo legales, encontrarán trabajadores/as desesperados que las acepten.
Queremos poner un ejemplo de estas prácticas:
En la recolección del pimiento de la pasada temporada, algunos/as empresarios/as obligaban a los/as trabajadores/as a trabajar a destajo, diciéndoles que debían recoger 30 sacos por día (cada saco es de 20 kg) si querían que les diera de alta en la Seguridad Social.
En el peso del saco influye sobre todo el tamaño y estado del pimiento. Como se recoge para moler, el empresario prefiere dejar que se sequen en el campo, por lo que llegar a los 20 kg el saco requiere casi una hora. Cada saco se paga a dos euros. Por lo que por mucho que trabajen los/as jornaleros/as consiguen recoger 9 ó 10 sacos en una jornada de 10 horas, lo que supone un jornal muy por debajo del de convenio, con suerte llegaría a los 24 ó 25 €.
Estas situaciones que ya se producían con anterioridad vienen siendo más habituales desde el 2008, y amenazan con generalizarse si los/as trabajadores/as no nos organizamos en la defensa de nuestros derechos.
Además de la destrucción de puestos de trabajo que ha ocasionado la crisis, los/as jornaleras/os del campo vemos disminuida nuestra posibilidad de empleo debido a la creciente mecanización, por ejemplo, la campaña de tabaco se reduce a un mes o menos de trabajo, cuando anteriormente podía llegar a cuatro meses, debido al uso de maquinaria para la recolección y la venta del tabaco verde a otras empresas que se ocupan de su secado.
Por todo lo anterior RECLAMAMOS:
- Que se respetan los convenios colectivos por parte de los/as empresarios/as y que la Administración vele por este cumplimiento, adoptando medidas como Inspecciones de Trabajo de oficio y sin preaviso en las temporadas de recolección.
- Que la Administración vele por el efectivo cumplimiento de los derechos de las
personas migrantes que siguen siendo objeto de discriminación y explotación laboral, al estar en una situación de mayor precariedad.
Estamos hartos/as de ser ciudadanos/as de segunda.
Estamos hartos/as de requisitos imposibles que se inventan sólo para dejarnos fuera, de ser otra categoría de personas, de ocupar infraviviendas, de sufrir los peores trabajos.
Estamos hartos/as de ser moneda de cambio entre Marruecos y España, de ser los/as primeros/as afectados/as ante cualquier conflictos diplomático.
Estamos hartos/as de no tener derechos, de no tener esperanza, vinimos aquí por eso y no nos iremos.
Estamos hartos/as de esperar a que las cosas cambien. Estamos aquí para cambiarlas.
AL CONSULADO DE MARRUECOS:
Somos ciudadanos/as marroquíes, pero sentimos que el gobierno de Marruecos nos ha olvidado:
Nuestros/as hijos/as creen fuera de su país y no tienen la posibilidad de aprender su propia lengua y su cultura de origen.
Somos nosotros/as quiénes con nuestros exiguos salarios costeamos la enseñanza del árabe y el mantenimiento de las mezquitas y los imanes.
Exigimos al gobierno marroquí:
- Que nos apoye económicamente para el sostenimiento de los centros de cultura árabe.
- Que envíe imanes acreditados, pues desde aquí nos es imposible comprobar antes de   contratarlo si la persona responderá a sus funciones.
No entendemos porque los muchos residentes en esta zona del Campo Arañuelo, sita a hora y media de Madrid, debemos desplazarnos hasta el Consulado de Sevilla, debiendo viajar más de tres horas.
Exigimos al gobierno marroquí:
-
Que nos facilite el cumplimiento de los trámites legales que nos exige o bien cambiando la demarcación territorial para poder realizar éstos en el Consulado de Madrid o bien implantando “oficinas móviles” que se desplacen fuera de Sevilla determinados días a la semana.
Respecto a la situación en Marruecos:
Apoyamos las reivindicaciones del Movimiento “20 de Mayo”, apoyamos sus reivindicaciones de democracia, de derechos políticos y sociales:
–Queremos una nueva constitución
- La disolución del gobierno y del parlamento
- La independencia de la justicia
- La liberación de los/as presos/as políticos/as
- Contra el alza de los precios, por un aumento de los salarios, por empleos para
los/as parados/as, por unos servicios públicos accesibles para todos/as, contra la
corrupción, contra el abuso de poder y los crímenes económicos, contra el
acaparamiento de riquezas, contra la privatización de sectores públicos, etc.
- Por el reconocimiento de la lengua Amazigh como lengua oficial
También denunciamos la situación de los mineros que trabajaron en las minas de Jerada:
Muchos de ellos enfermos de silicosis pero sin asistencia médica y sin pensiones de invalidez gracias a la corrupción de los funcionarios, que operan con el consentimiento del gobierno.
Estas minas no se explotan ya, pero ni si quiera han sido bien clausuradas y las personas más pobres siguen bajando para recoger los pocos restos de carbón y revenderlos, a pesar de los graves riesgos que corren.
Las personas que llevaron a cabo lucha sindical contra su cierre, fueron perseguidas y, muchos/as de ellos/as aún hoy no han conseguido ver sus derechos reconocidos, fueron despedidos/as tras muchos años de trabajo, enfermos ya para siempre, y sin una mísera indemnización o compensación por el despido.
Estamos hartos/as de no tener derechos, de que nuestra tierra se vea sometida a la explotación, al hambre y a la injusticia, a la desigualdad brutal, al analfabetismo, a la tortura y a la represión para aquellos/as que se atreven a protestar, a la dictadura.
Estamos hartos/as de la corrupción, de que en nuestra tierra se nos exija dinero por cualquier trámite legal, por la visita al médico que se supone gratuita, de que la policía nos amenace con multarnos si no les sobornamos.
Estamos hartos/as de que el gobierno marroquí no haga nada por controlar esta situación, de sobra conocida y generalizada hasta el último rincón de la Administración Pública.
Estamos hartos/as de callar.
Estamos hartos/as de esperar a que las cosas cambien.