Aunque en realidad se trata del ex jefe de planta, y ya estaba pactada su vuelta a la empresa, sigue siendo significativo. A día de hoy, el único que sigue en la calle es el compañero cenetista.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha desestimado el recurso que la empresa Aqualia, S.A. presentó contra la sentencia de un Juzgado que, hace ahora un año, la condenó por el despido improcedente de un trabajador.
La sentencia añadía que en el caso de que la empresa no procediera a su readmisión, la obligación debía ser asumida por el ayuntamiento de Mazarrón, que también había sido demandado en esta misma causa.
El Juzgado de lo Social declaró como hechos probados que este empleado trabajó para el ayuntamiento como ingeniero técnico en el servicio de aguas desde 1989, que fue cedido a la citada empresa, mediante concesión administrativa, en 1994, subrogándose ésta en todos los contratos del personal laboral y comprometiéndose a respetar las condiciones laborales.
El TSJ señala asimismo que el ayuntamiento pactó con los trabajadores que en caso de despido improcedente o extinción de contrato por causa no imputable a ellos, la empresa concesionaria vendría obligada a la readmisión obligatoria, sin que pueda sustituir la misma por cantidad indemnizatoria a tanto alzado.
Al ser adjudicado el servicio a otra empresa, la demandada comunicó al demandante que causaba baja en la misma y que pasaba a integrarse en aquélla, que no le subrogó al alegar que no constaba en el pliego de condiciones.
El Juzgado condenó a Aqualia, S.A., tras declarar el despido improcedente, a su readmisión o a pagarle una indemnización de 124.550 euros, más los salarios de tramitación, con la citada condena al ayuntamiento de Mazarrón.
El recurso ha sido desestimado por la Sala de lo Social del TSJ, que ha impuesto a la recurrente el pago de las costas.
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