Aqualia, filial del grupo FCC, ha recurrido ante la Generalitat la decisión del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) de crear una empresa público-privada, controlada por Aguas de Barcelona (Agbar), para gestionar el ciclo integral del agua en 23 municipios metropolitanos hasta el año 2047.
Aqualia ha presentado un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya, dependiente del departamento de Presidencia, al entender que con la creación de esta empresa mixta, en la que Agbar controla el 85 % de la participación, el AMB ha conculcado la legalidad en más de una decena de aspectos, según han explicado a Efe fuentes de la compañía.
Fuentes del Área Metropolitana de Barcelona consultadas por Efe han eludido por ahora pronunciarse al respecto.
El consejo de administración de AMB aprobó a principios del pasado mes de noviembre la creación de esta sociedad, que se encargará de depurar y reutilizar las aguas residuales de toda el área metropolitana.
La nueva compañía, que tendrá una plantilla de mil trabajadores y facturará unos 300 millones de euros al año, asumirá la actividad de saneamiento que hasta ahora desarrollaba la empresa pública Emssa, que desaparece.
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En su denuncia, Aqualia sostiene que la adjudicación del agua de Barcelona a Agbar se ha realizado a dedo, sin concurso público, incumpliendo así la normativa de la Comunidad Europea.
Aqualia, que al igual que otros operadores estaba interesada en participar en esta nueva empresa mixta, recuerda que la adjudicación directa, sin concurrencia de ofertas, sólo es posible cuando hay una única empresa capacitada para prestar el servicio, una situación que no es aplicable en este caso, teniendo en cuenta que existen, según la filial de FCC, multitud de empresas capaces de prestar el servicio de distribución y saneamiento del agua.
Aqualia denuncia también que Agbar cobrará más de 190 millones de euros por esta adjudicación, en lugar de pagar, como es habitual, por adquirir un derecho de esta magnitud. Además, afirma Aqualia, esta concesión comportará un aumento de las tarifas a los usuarios, que tendrán que asumir el pago a Agbar, a pesar de recibir el mismo servicio. (En esto tienen razón, pero no es nada nuevo: siempre que se privatiza el agua las tarifas suben, como hemos denunciado tantas veces en este blog)
La filial de gestión del agua de FCC confía en que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya acepte su recurso e invalide la adjudicación directa a Agbar. De lo contrario, está dispuesta a llevar el caso a los tribunales mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo.
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